Proyecto de Ley que pretende incremento de penas a adolescentes en Ecuador

 El proyecto de Ley sobre endurecimiento de las penas para adolescentes en Ecuador, actualmente en debate en la Asamblea Nacional, plantea la disminución de la edad de imputabilidad de menores de 14 a 12 años. Sin embargo, esta no es una solución efectiva para frenar la delincuencia. Lejos de resolver el problema, esta medida vulnera los derechos de la niñez y la adolescencia, como han señalado organismos internacionales como UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño. La evidencia demuestra que el encarcelamiento de menores, en un sistema de rehabilitación prácticamente inexistente por falta de recursos y personal capacitado, solo profundiza su vinculación con el crimen en lugar de ofrecerles una verdadera reinserción social.

Desde la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se incrementó de 6 a 8 años la pena máxima para adolescentes, se ha registrado un aumento en la participación de menores en delitos graves como el sicariato. Este fenómeno no responde a la falta de sanciones, sino a la ausencia de oportunidades y protección para la infancia y adolescencia en el país. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reflejan que uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años sufre disciplina violenta, ya sea física o psicológica, por parte de sus cuidadores. La precariedad económica y la falta de políticas de contención han empujado a muchos adolescentes a integrarse en pandillas, buscando la seguridad y protección que no encuentran en sus propios hogares.

El libro Un sicario en cada hijo te dio , de Fernanda Durán, Mercedes Llanos, Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda, ilustra con casos concretos cómo la falta de atención del Estado, la sociedad y las familias lleva a muchos niños y adolescentes a involucrarse en la criminalidad. El denominador común en estas historias es el abandono y la falta de oportunidades, no la ausencia de castigos más severos.

Si el objetivo real es frenar la delincuencia, el camino no es criminalizar aún más a la niñez, sino fortalecer las políticas de protección social y económica. Es urgente invertir en educación, en programas de prevención de violencia intrafamiliar, en oportunidades laborales para las familias y en espacios de desarrollo para la juventud. En este sentido, es fundamental la creación de un sistema de educación con tareas dirigidas que incluyan actividades extracurriculares y brinde apoyo a los estudiantes cuyos padres trabajan y no pueden cuidar de ellos. Muchos niños y adolescentes, al no contar con supervisión ni entornos seguros después de la jornada escolar, quedan expuestos a situaciones de riesgo en la calle o en casa sin acompañamiento. Implementar programas de refuerzo escolar, deportes, arte y orientación psicológica no solo contribuiría a su formación académica, sino que también les ofrecería un ambiente de contención y crecimiento personal.

Solo mediante una educación integral y políticas públicas que prioricen el bienestar infantil se podrá romper el círculo de violencia y exclusión que empujará a tantos niños y adolescentes al delito.